Tras transcurrir ocho años y un mes desde el trágico homicidio perpetrado en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano, el exlíder de las recordadas bandas Viejas Locas e Intoxicados, Cristian «Pity» Álvarez Congiú, se sienta finalmente en el banquillo de los acusados.
El proceso judicial, largamente postergado entre complejos informes de salud mental, estancias en el programa Prisma de la cárcel de Ezeiza y un posterior régimen de arresto domiciliario con tobillera electrónica, da inicio formal bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°29, integrado por los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.
La acusación pública recae sobre el fiscal general Sandro Abraldes, mientras que el abogado Fernando Burlando encabeza la representación de la querella y el defensor oficial Javier Aldo Marino asiste legalmente al músico.
Con previsiones de desarrollar once audiencias intensivas, cada una de tres horas de duración, el debate contempla la comparecencia estimada de unos setenta testigos para esclarecer los acontecimientos ocurridos aquel 12 de julio de 2018, fecha en la que el artista mató a balazos a Cristian «El Gringo» Díaz tras una prolongada discusión vecinal.
Al respecto, el letrado querellante enfatizó a su llegada a los tribunales que «es un juicio muy esperado, muy deseado; para nosotros la culpabilidad y responsabilidad está muy clara», marcando el tono punzante de esta primera etapa procesal.
La reaparición sobre los escenarios como prueba clave para destrabar el proceso
El camino hacia este debate oral quedó suspendido durante marzo de 2023, luego de que un examen psiquiátrico oficial señalara que el compositor poseía la capacidad de comprensión marcadamente disminuida, frenando la posibilidad de avanzar sin vulnerar el derecho de defensa.
No obstante, el panorama procesal cambió drásticamente a finales del año pasado, cuando el cantante reapareció sorpresivamente en los escenarios congregando a miles de personas en un multitudinario recital brindado en la provincia de Córdoba.
Dicha actuación artística motivó un nuevo dictamen del fiscal Abraldes, respaldado firmemente por un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó la existencia de una reserva cognitiva apta para afrontar el juicio.
Argumentando sobre la evidente disonancia entre las limitaciones alegadas y el desempeño escénico del imputado, el fiscal sostuvo que «el show de tres horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa, tolerancia al estrés y organización conductual compleja».
En consonancia con esta postura, el tribunal desestimó los recientes intentos de la defensa por frenar el debate y ratificó que «la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada», impidiendo así que el trámite quede supeditado a la voluntad del acusado de eludir los tratamientos terapéuticos propuestos.
Las reflexiones del músico y el horizonte judicial
Mientras las audiencias avanzan para determinar las responsabilidades penales del vocalista de cincuenta y cuatro años —quien tras el crimen se mantuvo prófugo veinticuatro horas y confesó ante la prensa haber disparado porque «era él o yo»—, las declaraciones públicas del exintoxicado continúan generando fuerte repercusión en el ámbito cultural.
Lejos de mostrarse preocupado por una eventual condena efectiva en su contra, el músico desestimó el peso de la justicia terrenal durante una reciente entrevista concedida a la revista Rolling Stone, donde sentenció de manera enigmática que «¿sabés por qué no voy a ir preso? Porque, al final, el veredicto no lo van a dar tres jueces: lo va a dar el universo que se metió adentro de ellos», añadiendo además que «yo no tengo que estar preso, ya está, yo ya pagué».
Con este escenario cargado de tensión institucional y expectativa mediática, el debate oral escribe sus páginas definitivas para dictar sentencia sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente del rock nacional.
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