La condena a Patricio Fontanet y el rol de chivo expiatorio

Uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la causa judicial fue el encarcelamiento de los integrantes de la banda Callejeros. La figura de Patricio Santos Fontanet sufrió una criminalización mediática y judicial sin precedentes en la industria del espectáculo. La justicia argentina determinó su culpabilidad bajo argumentos que muchos juristas consideran forzados, al otorgarle una responsabilidad de “co-organización” que, en la práctica, excedía las funciones de cualquier músico sobre un escenario.

El hecho de que Fontanet pasara años tras las rejas es visto por gran parte de la comunidad como una maniobra para calmar el clamor popular con rostros visibles y populares. Mientras el líder de la banda cumplía su pena en el penal de Ezeiza, el foco se alejaba de la verdadera génesis del desastre: la falta de controles y la habilitación espuria del recinto. La justicia argentina utilizó a los músicos como escudos humanos para evitar profundizar en la red de connivencia que permitía que locales como República de Cromañón funcionaran en condiciones criminales de inseguridad.

La impunidad institucional y el blindaje político

En contraste con la severidad aplicada a los artistas, los responsables jerárquicos de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires gozaron de una suerte muy distinta. Aunque el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, enfrentó un juicio político que resultó en su destitución, el ámbito penal le otorgó un sobreseimiento que dejó un sabor amargo en las familias. La estructura de funcionarios e inspectores que permitieron la apertura del boliche con una habilitación vencida y materiales altamente tóxicos en su interior, nunca recibió una sanción proporcional a la magnitud de la tragedia.

El fallo sistémico de las instituciones de control evidencia que, en Argentina, la responsabilidad parece diluirse a medida que se escala en la pirámide de poder. Mientras que la banda fue señalada por “no evitar” el uso de pirotecnia, los organismos encargados de la supervisión de incendios y la capacidad de los accesos salieron prácticamente ilesos de las consecuencias penales más graves. Esta disparidad refuerza la idea de que Cromañón no fue solo una falla de seguridad, sino una demostración de cómo el sistema protege a sus cuadros políticos a costa de la libertad de los ciudadanos de a pie.

Un legado de lucha contra el olvido y la corrupción

Hoy, el predio de la calle Mitre es un Monumento Histórico Nacional, un logro alcanzado gracias a la persistencia de quienes no permitieron que la masacre se archivara. El reclamo por justicia no se apaga, pues el caso Cromañón sentó un precedente peligroso: la posibilidad de que, ante una catástrofe social, el hilo se corte siempre por lo más delgado. La condena a los músicos funcionó como un distractor social que ocultó la deuda pendiente de una reforma profunda en los mecanismos de habilitación y control estatal.

La memoria de los 194 jóvenes exige que el análisis de los hechos no sea superficial. Es imperativo comprender que la tragedia fue el resultado de una combinación letal entre lucro empresarial y negligencia gubernamental. Mientras la justicia no sea capaz de señalar con el mismo rigor a un despacho oficial que a un escenario, la herida de Cromañón permanecerá abierta. La verdadera reparación solo llegará cuando la responsabilidad política deje de ser una zona de exclusión legal.